JURISPRUDENCIA

Toda disposición de carácter general, que incurra en infracción de un precepto legal, sea de índole procedimental o sustantiva (en este caso, la omisión del informe de carreteras) queda aquejada de un vicio invalidante de nulidad de pleno derecho.

Publicidad del planeamiento. El art. 70.2 LRBRL exige la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y del artículado del plan en el boletín oficial de la provincia. Por lo tanto, no es un defecto invalidante que la CCAA solo haya publicado el acuerdo de aprobación en el boletin oficial de la CCAA, porque el Ayuntamiento sí que publicó el articulado de las normas urbanísticas en el boletín oficial de la provincia.

La falta de estudio económico-financiero no determina por sí sola la nulidad del planeamiento, si a lo largo del procedimiento el Ayuntamiento ha podido acreditar la viabilidad económico-fianaciera de la actuación. Al tramitar el plan parcial, el Ayuntamiento ya aportó el estudio económico-financiero.

Responsabilidad patrimonial: Existe fuerza mayor cuando la inundación es producido por lluvias extraordinarias, de manera que el enorme caudal del agua, en relación con la capacidad del cauce, es la causa del daño. Encuadrable en el supuesto de la STS 95/2003.

STC 109/2008, de 22 de septiembre de 2008.

No se produce necesariamente indefensión cuando existen pronunciamientos contradictorios de órganos jurisidiccionales distintos, siempre y cuando los hechos se hayan examinado desde perspectivas juridicas distintas. En caso contrario, cuando la óptica de las sentencias es la misma, sí se produce indefensión.

Es aplicable al procedimiento sancionador las garantías del art. 24.2 CE, como el derecho a ser informado de la acusación. En materia de tráfico, debe acudirse a la notificación edictal de manera supletoria y excepcional. De manera que se requiere el agotamiento previo de modalidades aptas para asegurar la recepción de la notificación. Si el domicilio del Registro de vehículos es erróneo, hay que buscar en otros Registros públicos.

Doctrina consolidada del cómputo de plazos en el silecio administrativo negativo: es una ficción legal, que sólo sirve para permitir al interesado acudir a la via judicial, pero sin que la inactividad de la Administración la puede colocar en mejor situación que si se hubiera umplido su deber de resolver. 

 Existe legitimación procesal de una empresa para impugnar los pliegos del servicio de aguas, aunque no haya participado en dicha licitación. Principio pro actione. Su interés estaba en conseguir la nulidad de los pliegos, y así participar en otro concurso con un pliego de conclusiones ajustado a derecho.

STS de 26 de junio de 2008 

 La ubicación de un parque en suelo urbano o la ubicación de un paso de peatones inferior bajo carretera que comunique dos zonas del municipio, son aspectos discrecionales que afectan a asuntos meramente municipales, por lo que no pueden ser introducidos por la Comunidad en la aprobación definitiva.

STS de  Sala Social de 18 de julio de 2008.

 Cambio de criterio jurisprudencial: Si se adjudica a la misma empresa un mismo servicio público, no debe considerarse realizado la obra o servicio determinado de las personas contratadas laboralmente por la empresa adjudicatoria en la primera licitación, sino que debe considerse la continuidad de servicio u obra.

STS de 6 de noviembre de   2007

Incurren en causa de abstención los concejales miembros del APA, al votar favorablemente la renovación de un Convenio educativo que beneficia a los alumnos, hijos de los concejales.

STS de 10 de diciembre de 2007

En el procedimiento sancionador regulado en la Ley de protección de la seguridad ciudadana, vulnera la presunción de inocencia, la no ratificación del informe policial, y la no existencia de la análisis sanitario de sustancias.

STS de 16 de abril de 2007.

No cabe el derecho de reversión sobre el vuelo, por el hecho de que los bienes expropiados estuvieran destinados a un canal, y parte se destinan a zonas ajardinadas. El uso es perfectamente compatible con la causa expropiandi, y no supone desafectación del fin de la expropiación.

STS de 4 de abril de 2007

La falta de respuesta al requerimiento efectuado por el Estado o la Comunidad Autonoma en aplicación del art. 65 LRBRL no tiene el carácter de silencio administrativo, a los efectos de interposición del recurso contencioso-administrativo.

STS de 31 de octubre de 2007

Legalidad de la sanción impuesta a Ayuntamiento por vertidos no autorizados de aguas residuales. No existe ausencia de culpabilidad: existe falta de diligencia por parte del Ayuntamiento, al incumplir sus competencias municipales del art. 25.2.l y 26.1, que se concreta en la ausencia de infraestructuras necesarias para tales fines.

STS de 19 de febrero de 2008

Si unos terrenos no experimentan transformaciones en su urbanización, el PGOU no puede cambiar la clasificación de suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado.

STS de 27 de febrero de 2008

En la modificación de un contrato de gestión de servicio público de zona azul, la falta del dictamen preceptivo del Consejo de Estado, es un vicio de anulabilidad. La emisión posterior del dictamen positivo, convalida el acto.

STS DE 3 DE MARZO DE 2008.

Participación ciudadana en los plenos. El representante de una asociación puede realizar una exposición previamente solicitada, antes de la lectura, debate y votación de un asunto. Pero no puede intervenir en el debate. La participación ciudadana en los plenos adopta la forma de participación administrativa, no política. Tampoco puede presentarse una moción, basándose en el mismo escrito de un sujeto diferente a los concejales, colocándole en la posición fáctica de miembro electo.

STS DE 3 DE JUNIO DE 2008

En el procedimiento sancionador en materia de tráfico se produce la caducidad cuando no se haya dictado resolución expresa en el plazo de 1 año desde la iniciación del procedimiento (art. 18 LTCVM). Prevalece este plazo sobre los seis meses previstos en la LRJPAC

STS DE 19 DE MAYO DE 2008 Y DE 14 DE ABRIL DE 2004

Actuaciones de interés público o social en SNU. La utilidad pública o social no puede identificarse sin más con cualquier actividad comercial, industrial o negocial que satisfaga intereses de los ciudadanos, ya que esta extensión de la excepción legal a todo tipo de instalaciones y actividades supondría la conversión de la excepción en regla general. Si existe suelo disponible industrial, no se justifica el emplazamiento en el medio rural.